El Gobierno reconoce que la Iglesia se quedó con salarios de muchos docentes de religión

Educación pagó 6.623 millones de pesetas en 1998
en sueldos que ahora le reclaman los jueces


JUAN G. BEDOYA - Madrid
EL PAÍS | Sociedad - 09-12-2002


Miles de profesores de religión se sentían maltratados porque nadie les pagó el sueldo de cuatro meses de 1998. Pero no sabían de quién era la culpa. Algunos se atrevieron a reclamar en los tribunales, que ya empiezan a darles la razón. Quien tiene que pagar es el Ministerio de Educación. Pero éste asegura por escrito, en Las Cortes, que ese mismo año ya entregó a los obispos 6.623 millones de pesetas para satisfacer aquellos salarios. El Gobierno también reconoce que algunas sentencias obligándole a pagar ya son firmes. Y añade que hará las "verificaciones oportunas".

En la Ley de Presupuestos de 1998 el Gobierno determinó una "transferencia a la Conferencia Episcopal Española (CEE) para hacer efectiva la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos, por importe de 6.623.277.000 pesetas". Por las mismas fechas en que el Ejecutivo de Aznar tomaba esta decisión, su ministro de Educación, Mariano Rajoy, actual vicepresidente primero, pactaba con los obispos una reforma de la LOGSE (la socialista Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo), por la que los docentes de catolicismo, que hasta entonces cobraban directamente de los obispos, pasarían a ser contratados y pagados por el Estado, aunque los prelados se reservaban la prerrogativa de seleccionarlos cada año.

La reforma se hizo mediante la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 31 de diciembre de 1998, a la que siguió el 26 de febrero de 1999 un "convenio" de orden económico-laboral, firmado por Rajoy, la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y el presidente de la CEE, el arzobispo Elías Yanes, sustituido un mes más tarde por el cardenal Antonio María Rouco.

Antes de que entrara en vigor esta reforma, a partir de la cual los salarios serían pagados directamente por Educación, el Gobierno ordenó transferir a una cuenta de la CEE el sueldo de unos 8.500 profesores de primaria, que debía satisfacer cada diócesis. Pero ese dinero no llegó al bolsillo de todos los contratados aquel curso, al menos en los meses de septiembre a diciembre, más la paga de Navidad.

En una respuesta por escrito enviada por el Ministerio de Educación al Grupo de Izquierda Unida en el Congreso, el Gobierno reconoce que pagó "la totalidad de la subvención nominativa consignada" en el Presupuesto de 1998 (6.623 millones de pesetas), y añade que "el destino de dicha subvención se refería a hacer efectiva la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos de EGB".

Añade Educación: "En fechas recientes se ha tenido conocimiento de algunas sentencias firmes de juzgados y tribunales de lo Social que condenan al referido ministerio al pago de ciertas cantidades correspondientes a 1998. Con el objeto de determinar las causas de las obligaciones que ponen de manifiesto dichas sentencias, se está procediendo a llevar a cabo las actuaciones de verificación oportunas".

El Grupo de IU, en pregunta enviada al Gobierno en octubre de 2001, ya había denuncido que se estaba pagando "dos veces por el mismo trabajo". Después de ponderar "la valentía" del profesorado que se había atrevido a reclamar en los tribunales, el diputado Luis Carlos Rejón añadía: "Entendemos que [los obispos] han cometido una apropiación indebida o enriquecimiento sin causa".



El rastro del 'caso Gescartera"
La primera noticia de que cientos, quizás miles, de profesores de catolicismo en EGB se habían quedado sin cobrar cuatro meses del curso 1998-1999 surgió en Valladolid con motivo del caso Gescartera, el chiringuito financierro al que el arzobispado local había confiado los cuartos. Decenas de profesores desvelaron entonces que acudirían a los tribunales en reclamación de sus salarios, otros muchos declinaban hacerlo por miedo a perder el empleo al curso siguiente, y también muchos reconocieron, desde numerosas diócesis, que ellos sí habían recibido puntualmente los correspondientes sueldos. Lo que dicen ahora las sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS es que, al margen de si los obispos recibieron o no el dinero que el Gobierno dice haberles ingresado, quien debe pagar los salarios atrasados es el Ministerio de Educación, "por ser el destinatario de los servicios que presta este personal". "Sobre todo, es el obligado a remunerar a este profesorado, pues, si bien debe poner los fondos necesarios a disposición de la Conferencia Episcopal, la autoridad eclesiástica limita su intervención a la de simple pagador por cuenta de otro o distribuidor de los fondos recibidos", dice un magistrado.

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